Alternativas al TTIP, CETA y “Comercio Libre”

propuestas por Christian Felber
Autor, profesor de Universidad, “Economista del Bien Común”

1. Mandato democrático para negociaciones

En mi libro “Dinero. De fin a medio” expongo que no vivimos realmente en “pos-democracias” (Colin Crouch) sino más bien en “pre-democracias”. Una “democracia real” no ha existido aún.1 En una democracia real el pueblo soberano sería efectivamente la “mayor instancia” lo cual es el significado literal de la palabra “soberano” en latín (procedente de “superanus”: sobre todo). Un verdadero soberano tendría más poder que sus representantes gracias a los “derechos soberanos” básicos que podrían ser:

  1. elegir por votación un gobierno;
  2. derogar un gobierno;
  3. corregir al parlamento con respecto a cualquier legislación propuesta;
  4. realizar propuestas de ley de forma directa;
  5. cambiar la constitución por iniciativa propia;
  6. votar a favor de una convención constitucional de forma directa;
  7. controlar y regular de forma directa servicios públicos esenciales;
  8. vigilar el contexto para la negociación de tratados internacionales y ejercer su derecho a voto sobre los resultados de dichas negociaciones.

El último punto hace referencia al déficit democrático del TTIP (Acuerdo Transatlántico para el Comercio y la Inversión) y del CETA (Acuerdo Económico y Comercial Global). Hoy en día, el Consejo Europeo, el cual no es elegido directamente por los ciudadanos, da un mandato de iniciar negociaciones secretas a la Comisión Europea, la cual tampoco es elegida por los ciudadanos. Esto es una democracia al estilo medieval.

¿Qué características podría tener un proceso de negociaciones para un acuerdo internacional que sea profundamente democrático, desde el mandato inicial hasta la ratificación final?

He aquí mi propuesta:

1. El pueblo soberano define un “mandato marco” para la negociación de acuerdos internacionales que esté anclado a la Constitución por medio de un referéndum o, mejor aún, mediante una “Convención Económica”2. Este mandato modelo podría definir objetivos fundamentales, por ejemplo:

– desarrollo sostenible: la huella ecológica de los ciudadanos de la UE debe reducirse hacia el umbral globalmente sostenible y justo;

– distribución justa: la brecha de renta y propiedad no ha de crecer, sino reducirse; los salarios mínimos deben ser protegidos;

– respeto absoluto de los derechos humanos, así como de todas las normas laborales de la OIT y de todos los derechos laborales y estándares de seguridad social de estados miembros de la UE que superen los establecidos por la OIT;

– reducción de la desigualdad de género en términos de salario, propiedad e influencia en la economía;

– protección de la diversidad cultural, etc.

2. Los representantes directos del pueblo soberano (los parlamentos nacionales o el Parlamento Europeo) pueden exigir en cualquier momento al gobierno (o a la Comisión Europea) la iniciación de negociaciones para un acuerdo internacional, pero sólo dentro de las metas definidas en la Constitución para este tipo de negociaciones.

3. El Tribunal Constitucional, en su papel de control, examina en detalle que el mandato sea conforme con la Constitución. Si el resultado es negativo, el mandato de negociación expira inmediatamente.

4. Si el resultado es positivo, las negociaciones pueden comenzar pero sólo siguiendo un procedimiento transparente y participativo, definido también como tal por la Constitución nacional o el Tradato de la Unión Europea. La transparencia incluye la divulgación de todos los documentos relevantes y la participación supone la consulta de todos los sectores de la sociedad y no sólo de los grupos de presión empresariales.

5. El resultado de las negociaciones es votado por la “mayor instancia” en nombre de la cual se llevan a cabo las negociaciones. El tratado sólo puede ser ratificado por los parlamentos relevantes y entrar en vigor si los ciudadanos están de acuerdo con el resultado.

El “Mandato de Comercio Alternativo” desarrollado por un amplio número de organizaciones de sociedad civil en Europa se queda corto al respecto. Sólo exige que el resultado final sea también puesto a votación en los parlamentos nacionales.3 La aprobación del Tratado de Lisboa llevada a cabo por MEPs4 nacionales que desconocían lo que estaban decidiendo5, demostró que esta exigencia no es suficiente. Los ciudadanos de tres estados miembro (Francia, Holanda e Irlanda)

votaron contra el Tratado Constitucional y del Tratado de Lisboa. Sin embargo, este último se adoptó y entró en vigor. Al votar a favor del Tratado de Lisboa, los parlamentos nacionales entre otras renunciaron a su derecho a voto en futuros acuerdos internacionales de inversión y comercio.

2. Los objetivos de los Acuerdos Internacionales

Una de las condiciones iniciales que dificulta las negociaciones de acuerdos económicos internacionales es la falta de claridad sobre el objetivo de la economía y, por lo tanto, del comercio. Las constituciones democráticas coinciden de forma unánime en que el objetivo general de la economía es el bien común. Por ejemplo: la Constitución de Baviera dice en el artículo 151: “La actividad económica en conjunto sirve al bien común.” Para que el éxito sea medible, este objetivo principal ha de ser desglosado en objetivos secundarios tales como satisfacción de las necesidades básicas, salud, educación, empleo, trabajo con sentido, distribución justa, ecosistemas estables, co- determinación, paz, y otros. El éxito sólo puede ser medido en base a la consecución de estas metas.

El dinero es sólo un medio. Por lo tanto, es un error medir el éxito de la economía nacional con el PIB, el éxito de una empresa con el beneficio financiero y el éxito de una inversión con el rédito financiero ya que éstos son indicadores monetarios los cuales, por definición, no pueden decirnos nada fiable sobre la consecución de las metas mencionadas anteriormente. En los EEUU, el PIB se ha más que duplicado en los últimos 25 años, pero la renta de los hogares con personas con estudios de bachillerato se ha visto reducida en un 25 por ciento. La felicidad de los individuos se encuentra en declive desde los años 70. Por lo tanto, tendría mucho más sentido medir directamente la consecución de las metas mediante un Producto del Bien Común6 y que los estudios de evaluación de impacto se centren en este índice en vez de en el PIB. Entonces, los parlamentos nacionales basarían decisiones importantes en datos procedentes del Producto del Bien Común.

3. Estrategia

Nivel estratégico 3: Tratado de Comercio Global en las Naciones Unidas

En vez de establecer “estándares globales” cuestionables de forma bilateral que no coinciden con ningún objetivo o valor constitucional, la UE y los EEUU deberían esforzarse en conseguir un acuerdo multilateral en el mismo seno de las Naciones Unidas que sirva a sus propios objetivos y valores. Estos valores universales incluyen los derechos humanos, el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente, la diversidad cultural, la igualdad de géneros, la soberanía alimenticia, las normas laborales, la cooperación fiscal y la regulación financiera. Las libertades económicas sólo se conceden a medida que estos valores son respetados.

Nivel estratégico 2: Acuerdos bilaterales ambiciosos con un buen propósito

Mientras no haya grandes avances en lo que se refiere a un acuerdo de este tipo por parte de Naciones Unidas, la UE puede seguir adelante con un grupo de países asociados a nivel bilateral con el fin de cumplir los objetivos del mandato marco establecido en la constitución. Esto debería ser realizado con una muestra de países que a día de hoy ya hayan implementado estas “normas globales” (una fórmula utilizada frecuentemente por los negociadores del TTIP): el principio de precaución, el Protocolo de Kyoto, el Pacto Internacional de diversidad biológica, la Convención de la UNESCO sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o las normas laborales de la OIT.

En este tipo de régimen, con toda seguridad los EEUU no sería el socio de elección inicial por parte de la UE, ya que no han ratificado la mayoría de estos acuerdos. Entre los países más ricos, los EEUU son uno de los oponentes más estrictos a las “normas globales”. Por consiguiente sería más efectivo impulsar las relaciones comerciales con países que apoyan y promueven por completo los acuerdos existentes y que están dispuestos a poner el comercio y la inversión al servicio de los derechos humanos y otras metas constitucionales. Esta “Coalición de los Voluntariosos” podría auto-protegerse con aranceles contra aquellos que hablan continuamente sobre las “normas globales” pero al mismo tiempo no las respetan e incluso las trastocan.

He aquí una propuesta sobre cómo se podría incrementar el precio de los bienes y servicios de los países no-cooperativos. Por cada acuerdo que no haya sido ratificado les correspondería un arancel adicional, por ejemplo:

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Esto llevaría a un tratamiento entre iguales igualitario, en vez de un tratamiento desigual para socios desiguales. Pararía la carrera actual hacia el declive de salarios, normas laborales, cumplimiento de las obligaciones fiscales, protección medioambiental y derechos humanos. Le daría la vuelta a las desventajas competitivas que las empresas éticas, sostenibles y responsables sufren hoy en día en el régimen del “libre comercio”. Protegería las metas y valores ancladas en las constituciones y en base a las cuales los estados miembros de las Naciones Unidas han llegado a acuerdos que serán anulados si el “libre comercio” recibe prioridad sobre ellos.

TTIP sencillamente no es el medio apropiado para servir a estas metas ya que favorece a otra deidad. Convierte el comercio y la inversión en fines por sí mismos. TTIP, CETA, BITs y la OMC construyen relaciones económicas basadas en la doctrina “pseudo-liberal” que dice que las libertades económicas han de prevalecer sobre otras libertades y derechos fundamentales. Las Naciones Unidas representan, de forma débil, otras metas. Las libertades económicas son sólo medios para servir a estas metas superiores. Las libertades económicas han de ser limitadas si van más allá de los confines de estas metas y valores constitucionales.

Nivel estratégico 1: Protección de la UE contra el “dumping” a través de un “Mercado Ético Común”

Incluso en el caso de que no haya progresos hacia un acuerdo plurilateral para la creación de un marco legal para el comercio y las inversiones internacionales, la UE podría proceder de forma independiente y comenzar un “Mercado Ético Común”. Podría ordenar a todas las empresas que operan en la UE a implementar un Balance del Bien Común como precondición para acceder al mercado. Cuánto mejor sea el resultado, más libre será el acceso al mercado y viceversa. Cuánto más pobre sea el rendimiento ético, mayores serán las barreras para entrar en el mercado. Esto se podría conseguir por ejemplo mediante mayores aranceles. Con este instrumento, las empresas éticas se verían reforzadas y los valores constitucionales se convertirían en la pieza clave de nuestra economía.

4. Propuesta alternativa para los aspectos principales sujetos a negociación

Acceso al mercado

Un mercado transatlántico no es una meta en sí y especialmente no hay necesidad de “comercio libre” entre los EEUU y la UE. El Mercado Común de la UE es lo suficientemente grande como para ser suficientemente eficiente. Dentro del Mercado Común, las empresas ya son demasiado grandes y poderosas y constituyen un peligro para la democracia y la economía de mercado realmente libre. El acceso al mercado debería por lo tanto estar unido a la mejora progresiva de las normas en todos los campos políticos relevantes. El Balance del Bien Común es un instrumento efectivo para conseguir esta meta. Cuanto más ético sea el comportamiento de una empresa, más fácil le será acceder al mercado de los EEUU o de la UE. Como consecuencia se produciría una inversión dinámica con respecto a aquella propuesta por el “comercio libre”. Aquellos que lleven a cabo “dumping” de precios, los despiadados y los tramposos ya no podrán reafirmarse en sus conductas, sino que serán las empresas más éticas, sostenibles y responsables.

Políticas de competitividad

Con el fin de prevenir la emergencia de empresas demasiado grandes (para fracasar) y demasiado poderosas, todas las empresas que obtengan acceso al “Mercado Ético Común”, al alcanzar un tamaño determinado, deben ser divididas o democratizadas y los empleados y otros grupos de interés – en términos generales la sociedad – han de convertirse en co-propietarios. Esta alternativa constituiría un incentivo efectivo para que las empresas permanezcan pequeñas: lo suficientemente pequeñas para poder fracasar y no convertirse un peligro para la democracia. Para los bancos, se podría definir un tamaño máximo, por ejemplo, un balance de como máximo 30 billones de euros. Los bancos extranjeros que son mayores no tendrían acceso al mercado. Las “empresas globales” no son necesarias en el sector financiero.

Empleo

A menudo se argumenta que el libre comercio crea empleo. Irónicamente, las “súper regulaciones” planificadas en el TTIP realmente prohíben políticas que podrían crear empleo, tales como el desarrollo local y programas de infraestructura, promover empresas locales y pymes, requisitos de “compra local” para inversores, y otras. Si el trabajo con sentido y el empleo son realmente el objetivo, las medidas políticas que tienen como meta la creación de empleo han de ser favorecidas ante la liberalización del comercio. El comercio es un medio; el trabajo decente, como faceta de la buena vida, es parte del objetivo.

Normas laborales

El cumplimiento de las normas laborales de la OIT debería ser una condición para el comercio libre. Mientras no sea así, los aranceles podrían beneficiar y proteger a los “cumplidores” y no a los “incumplidores”, tal y como discutimos anteriormente. Este sería un gran incentivo para que los EEUU finalmente reconozcan las normas laborales básicas y las implementen. El comercio libre incondicional es una invitación atractiva para no respetar estas normas.

Inversión

La restricción y regulación de las inversiones y exportaciones de materias primas ha de mantenerse como meta legítima y legal de la política. En consecuencia, medidas tales como requisitos a los inversores dirigidos hacia políticas de compra local, empleo local, normas laborales, salarios mínimos, reinversión de beneficios, transferencia de tecnología o la la creación obligatoria de empresas mixtas han de permanecer completamente viables. El comercio libre no debe anular políticas estructurales, industriales, regionales y de desarrollo. No es necesario crear derechos adicionales que protejan inversores que vayan más allá de los instrumentos legales existentes en los EEUU y la UE.

Contratación pública

La contratación pública es, junto a otros, un instrumento político para crear empleo y trabajo con sentido, para reducir la desigualdad de género, de riqueza y de poder y para desarrollar la democracia económica. Las modalidades con las que los gobiernos ejecutan sus compras han de permanecer parte integral de su autonomía y soberanía y no deben ser súper reguladas por “disciplinas” relacionadas con el comercio o restricciones en nombre del “comercio libre”. Las empresas locales (diversidad cultural, resiliencia) pueden recibir prioridad, así como las pequeñas y medianas empresas (políticas estructurales, políticas del mercado laboral) o las empresas con una conducta ética ejemplar (alta puntuación en el Balance del Bien Común).

Propiedad intelectual

Las innovaciones pueden ser promocionadas a través de instrumentos que difieran de las actuales patentes y de la crecientemente estricta protección de los derechos de propiedad intelectual (p. ej. ACTA – Acuerdo comercial anti-falsificación). El Acuerdo de la OMC sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (TRIPs) va demasiado lejos. En lugar de impulsar este enfoque regulatorio, debería ser suavizado y se podrían desarrollar medidas de promoción de la innovación alternativas, sobre todo en lo que se refiere a la medicación. El principio de libre acceso debería ser generalizado y las compañías que se adscriban a él deberían ser recompensadas. Aquellos que compartan deben salir beneficiados.

Energía y recursos

Reducir la huella ecológica, frenar el cambio climático y fomentar la resiliencia de las regiones deberían gozar de prioridades y las políticas de energía deberían ser modificadas correspondientemente. El abanico de instrumentos podría contener políticas de tarificación, prohibiciones para empresas con fines de lucro en el sector de energía y recursos, apoyo para colectivos y propiedad pública, estrategias de auto-suficiencia regional, etcétera. La soberanía nacional ha de ser respetada a no ser que se consiga en el seno de las Naciones Unidas un acuerdo político global sobre la gestión de recursos naturales.7

Arbitraje

Es razonable reflexionar sobre un tribunal internacional económico abierto a todos los individuos y colectivos afectados por las actividades de inversores internacionales. Son ellos quienes deberían tener derecho a demandar a empresas transnacionales cuando estas violen los derechos humanos o las normas laborales, pongan en peligro la salud de la población, destruyan los ecosistemas, engañen a los consumidores o corrompan a los gobiernos. Si un tribunal económico como este

recibe prioridad sobre los paneles de arbitraje privados, los cuales anteponen los intereses de los inversores a los de la población, la sociedad y el medio ambiente, entonces quedaría muy claro cuáles son los objetivos de la economía y cuáles sólo los medios.

Viena, 22 de Noviembre de 2014

Fragmento con modificaciones del texto:
Christian Felber:
„Freihandelsabkommen TTIP. Alle Macht den Konzernen?“
(„Acuerdo de libre comercio TTIP: ¿todo el poder para las empresas?“) E-Book, Editorial Hanser

Munich 2014

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Todos los libros de Christian Felber:

http://www.christian-felber.at/buecher.php http://www.christian-felber.at/english.php

La Economía del Bien Común:

http://www.economia-del-bien-comun.org/es

1. FELBER, Christian (2014): “Dinero. De fin a medio”, Deusto, Barcelona, pág. 38.
2. He presentado este concepto en mi libro “La Economía del Bien Común” (Deusto, 2012) que ha sido operacionalizado por el moviviento del mismo nombre en un documento de 20 páginas: http://www.gemeinwohl-oekonomie.org/sites/default/files/Konvent-Leitfaden-GW%C3%96-Gemeinde.pdf
3. THE ALTERNATIVE TRADE MANDATE (2013): “Trade: Time for a new vision”, pág. 7.
4. Miembros del Parlamento Europeo.
5. “ARD Panorama”, 12 de mayo de 2005: 5.http://daserste.ndr.de/panorama/media/euverfassung100.html
6. FELBER, Christian (2012): “La economía del bien común”, Deusto, Barcelona, pág. 50.
7. FELBER (2014), pág. 203.

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